AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria-Por Tenerife (IUC-XTF), en este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea en Derecho formula la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación si procede, en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo jueves 25 de abril de 2013.

MOCIÓN SOBRE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una  Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona  “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”.  Posteriormente el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en esta tutela efectiva de este derecho vinculando a los Estados parte no sólo al reconocimiento del  “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”  sino también a  garantizar las  “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.

En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este “derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada” que, junto a la función social de la propiedad privada recogida en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución de 1978.

Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual, sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la del Estado, de  actuar con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos. Sin embargo, y a pesar de esta exigencia, las Administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.

La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o, como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda  provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida,  supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico no permite el uso “antisocial de la propiedad” ni el uso especulativo del suelo o la vivienda, yendo en contra del enriquecimiento injusto y de las condiciones abusivas que se aprovechan de un bien tan necesario. Por tanto, el uso como mercancía de la vivienda que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, es un uso indebido, y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad. Ese es el verdadero derecho de la propiedad para aquellos que creemos en una sociedad justa e igualitaria.

La defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo el Estado están afectadas por desahucios, la gran mayoría fruto de una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda. Mientras tanto,  existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron  en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas  en muchas ocasiones desocupadas una vez se ha procedido al desahucio. Se trata de un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía.

En IUC consideramos que esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica, y obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes. En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante elDecreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema. 

Es necesario avanzar a través de medidas que, como el citado decreto, suponen un plan de choque para salvaguardar el bien jurídico a proteger, que no es otro que el derecho a una vivienda digna. Acciones como obligar a la banca y sus sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cuál es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente el uso de las viviendas en aquellos casos en que vayan a ser desalojados ciudadanos, siempre que concurran circunstancias sociales, tales como que su salida del domicilio suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica, son acciones que un gobierno que defiende los intereses de sus ciudadanos debe emprender.
Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de Canarias a la adopción de medidas legales en la línea de las aprobadas por el Gobierno de Andalucía, recogidas en el Decreto Ley  6/2013 de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
  2.- Instar al Gobierno de Canarias a la elaboración de un Plan Regional de Viviendas en alquiler social.

 

En Los Realejos, a 16 de abril del 2013.