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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

 

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea en Derecho, formula la siguiente MOCIÓN-PROPOSICIÓN para su debate y aprobación, si procede, en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo jueves 26 de Junio de 2014.

 

MOCIÓN-PROPUESTA PARA LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS PLUSVALÍAS A LOS AFECTADOS POR PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECAIRA Y DACIÓN EN PAGO DE VIVIENDAS DE RESIDENCIA UNICA Y HABITUAL.

 

            EXPOSICION DE MOTIVOS.

 

Es un hecho manifiesto que desde el inicio de la crisis y el aumento del paro multitud de familias han llegado a situaciones límite que, en muchos casos, no les permiten cubrir sus necesidades más básicas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial entre 2007 y 2010, en el Estado Español, se registró una cifra aproximada de 300.000 ejecuciones hipotecarias, una realidad que ha ido en aumento. En este contexto miles de familias se enfrentan no solo a la pérdida de su vivienda, sino a una condena económica de por vida.

 

Una vez interpuesta la demanda por parte de la entidad bancaria se inicia el proceso de ejecución, frente al cual solo se pueden alegar unas escasas causas tasadas de oposición, que terminará con la subasta de la vivienda. Cuando la subasta queda desierta, como sucede en la mayoría de casos, el ejecutante se adjudica el inmueble por un 60% del valor de tasación y sigue reclamando la deuda (principal, intereses y costas judiciales) a las personas en situación de insolvencia y/o sus eventuales avalistas. Así pues estas miles de familias están siendo condenadas de vitaliciamente a la exclusión social y la economía sumergida por una legislación anómala, que no tiene comparación en los países de nuestro entorno. Todo esto hace que las consecuencias de la crisis se carguen sobre la parte mas vulnerable del contrato hipotecario mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de la crisis, reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad.

 

A veces, algunas de estas familias consiguen evitar la condena financiera forzando que el banco acepte la vivienda como dación en pago y que con su recepción cancele la deuda. Tanto si esto se produce como si se llega a la ejecución, cuando el banco adquiere el inmueble, quien pierde su vivienda tiene que abonar además el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como Plusvalía, a su ayuntamiento. Al producirse una transmisión de un terreno urbano a titulo oneroso se da lugar al hecho imponible y el transmitente (en este caso ejecutado) se convierte en sujeto pasivo de acuerdo con el articulo 106.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vista la situación en que se encuentran las familias que sufren estos procesos, consideramos que éstas deberían ser objeto de una especial atención en el ámbito de las políticas públicas y no las obligadas a soportar un tributo, el importe del cual es bastante substancioso en la mayoría de los casos y de difícil asunción dadas sus circunstancias.

 

El Real Decreto Ley 6/2012, de mediadas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, adicionó un punto 3 a este articulo 106 que estableció un cambio en el sujeto pasivo en el tributo en cuestión por el que en los casos de dación en pago el sujeto pasivo sustituto pasa a ser la entidad adquirente sin posibilidad de repercutir. Ahora bien, este Real Decreto exige unas condiciones muy restrictivas, tanto en lo relativo al hipotecado que transmite como al precio máximo de adquisición del inmueble, que hacen que normalmente este cambio en el sujeto pasivo no se produzca, resultando las familias obligadas a la liquidación del impuesto, a pesar de haber perdido su vivienda y no haber experimentado, de facto, ningún incremento de valor en su patrimonio, elemento constitutivo del hecho imponible de la Plusvalía.

 

De todo lo expuesto anteriormente, concluimos que la liquidación de la Plusvalía en estas circunstancias constituye un caso flagrante de injusticia tributaria. Por lo que proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

 

ACUERDOS:

 

1.- Instar al Gobierno del Estado Español a completar la modificación del artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el sentido de hacer extensiva a todas las adjudicaciones hipotecarias de vivienda única y habitual y a las entregas de éstas como dación en pago, la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto Ley 6/2012, por el que el sujeto pasivo sustituto del contribuyente pase a ser siempre la entidad adquiriente del inmueble, de forma que se atribuya la condición de sustituto del contribuyente al acreedor de la hipoteca que recibe el inmueble en pago de la deuda o promueve el proceso de ejecución.

 

2.- Acordar la suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual hasta que se produzca la modificación propuesta en el punto primero y/o hasta el máximo legal permitido.

 

3.- Dar cuenta de estos acuerdos a la FECAM, al Parlamento Autonómico, al Consejo de Ministros, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y a la la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

 

En Los Realejos, a 18 de Junio de 2014.