AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria-Por Tenerife (IUC-XTF), en este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea en Derecho formula la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación si procede, en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo jueves, 21 de marzo.
MOCIÓN DE RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
ESPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda sobre el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la sostenibiliad de la Administración Local”. Tal informe proviene de un nivel de Estado, como es el gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con éste ni con la administración autonómica. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos y que ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. Se va a proceder a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador.

La denominada reforma desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Los Ayuntamientos fueron las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia de descentralización política.

La nefasta reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares.

En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, cuando en realidad ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas, han definido estas competencias. Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque constitucional. Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sin embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios.

La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal y privatización de los servicios públicos en los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias.

La reforma huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles.

La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los Ayuntamientos, de que sobran municipios, cuando por ejemplo en Francia hay 36.000, o de que están muy endeudados, cuando el porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas es del 4,5%.  Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.

En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones  en el servicio de la comunidad a la que gobiernan en dirección a una permanente aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan. Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público. En resumen esta reforma provoca:

      1. Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos.
      2. Dos tipos de Entidades Locales Autónomas.
      3. Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal.
      4. Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la administración local.
      5. Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación, igualdad o promoción del medio ambiente.
      6. Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local.
      7. Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.
      8. Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.

     
Por todo ello, proponemos que se adopten los siguientes,

 

ACUERDOS:

1.- Mostrar el rechazo del Ayuntamiento de Los Realejos al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.

2.-  Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar este asunto y el presente y futuro del municipalismo.
3.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

4.- Comunicar al Gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.

5.-  Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido, en su caso, el recurso de inconstitucionalidad.        
6.- Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.

En Los Realejos, a 13 de marzo de 2013.

 

FDO.: Jonás Hernández Hernández

                                             Concejal de IUC-XTF