AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria- Por Tenerife de este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea en Derecho, formula la siguiente PROPOSICIÓN para su debate y aprobación, si procede, en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo jueves 23 de Mayo de 2013.

PROPUESTA DE ACTUACIONES MUNICIPALES CONTRA LOS DESAHUCIOS Y PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA.       

            EXPOSICION DE MOTIVOS.

El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Nuestra Carta Magna configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia, incluyendo a la Administración Local.

La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias la destrucción de un gran número de empleos. Esta situación, agravada en nuestro país por la explosión de la burbuja inmobiliaria, es especialmente dramática en Canarias, donde el peso del sector de la construcción tenía una importancia si cabe mayor, y donde la dependencia del sector turístico es acusada. Ello ha provocado que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos o créditos hipotecarios celebrados para adquirir su única vivienda, siendo doblemente castigadas por dicha crisis financiera, al perder no solo sus empleos sino también sus casas, y verse avocados a la ayuda de familiares y amigos, o a la exclusión social y la vida en la calle.

A ello debemos unir la idea directriz de la debilidad del consumidor en el mercado, que obliga a los poderes públicos a buscar y restablecer, en lo posible, el equilibrio en las relaciones de consumo entre las entidades financieras y sus clientes. En este sentido, hasta el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo se ha pronunciado estableciendo lo abusivo de la mayoría de estos contratos de relación. Teniendo en cuenta la política del gobierno del estado en este sentido y el desmantelamiento de la ILP presentada por la PAH con más de 1.500.000 de firmas de apoyo, es por lo que desde las Comunidades Autónomas y desde los Ayuntamientos se deben poner en funcionamiento programas en defensa de la vivienda, para el asesoramiento, la intermediación y protección de las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y permanente.

Más allá de las medidas estatales y autonómicas, los Ayuntamientos,  como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y conocedores de los problemas, necesidades y demandas de sus vecinos, pueden incidir en atenuar la preocupante situación de desamparo en las que se encuentran miles de familias, asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas inasumibles en tiempo de crisis.

En nuestro municipio, durante el último año, ha aumentado considerablemente el número de demandas de ejecución hipotecaria y de desahucios. Además de los desahucios mediáticos por declaración de rebeldía que llenan los informativos de televisión, también se producen otras muchas ejecuciones silenciosas, y nuestro municipio no está exento de ellas. Desde Servicios Sociales y desde la asesoría de la Alcaldía se viene trabajando en el asesoramiento a vecinos y vecinas que se encuentran en esta situación, habiéndose establecido un protocolo de actuaciones municipales que ha sido positivo, aunque, desde nuestro punto de vista, es aun mejorable.

IUC ha presentado en este Ayuntamiento varias mociones relacionadas con esta problemática. En esta ocasión, presentamos una propuesta porque creemos que es necesario hacer hincapié en las propias competencias municipales, por que este Ayuntamiento no puede  permanecer ajeno a este drama y debe actuar sobre las personas y familias amenazadas de desahucios. De acuerdo con las peticiones de la PAH y otros colectivos sociales, IU ha vuelto a ser pionera en esta materia y ha realizado una batería de propuestas a nivel municipal para garantizar el derecho a la vivienda y la protección de los más débiles. Traemos a este Pleno aquellas que creemos que no se están implementando y que pueden mejorar el protocolo de actuación actual, siempre reconociendo el buen trabajo que desde las áreas antes comentadas se está realizando. Por ello, planteamos al Ayuntamiento de Los Realejos que tome los siguientes

ACUERDOS:

1.- Modificar con carácter de urgencia la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana añadiendo el siguiente párrafo. “En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto- Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas”.De conformidad con el Real Decreto 6/2012, de 9 de Mayo, artículo 9 de “Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.
2.- Interpelar a las entidades financieras que operan en el municipio para exigirles la paralización de los desahucios que pudieran darse y la condonación de las deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.
3.- No ejecutar ningún desahucio en vivienda protegida pública.
4.- No poner a la policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio que pudieran darse.
5.- Establecer dentro de los protocolos de actuación en los casos de desahucio la petición al juez de la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. 
6.- En caso de producirse algún desahucio, propiciar el realojo provisional en una vivienda de titularidad municipal, en régimen de arrendamiento y siempre que se tengan viviendas desocupadas, de las personas que hayan sido privadas del uso y disfrute de la vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria en virtud de resolución judicial, y se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.
7.- Crear una bolsa de vivienda protegida pública y otra privada para alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión social.
8.- Apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de evitar y/o paliar el problema de los desahucios.

 

En Los Realejos, a 15 de Mayo de 2013.