AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

 

            Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea en Derecho, formula la siguiente PROPOSICIÓN para su debate y aprobación, si procede, en el Pleno Ordinario que se celebrará el 30 de Octubre del presente año.

 

PROPOSICIÓN PARA AUMENTAR EL IBI A LAS VIVIENDAS DESOCUPADAS DE PROPIETARIOS CON RENTAS ELEVADAS Y SOLICITAR COMPENSACIÓN AL ESTADO POR LAS EXENCIONES DEL IBI DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS.

 

            EXPOSICION DE MOTIVOS.

 

En IUC de Los Realejos siempre hemos defendido la aplicación de una fiscalidad progresiva y justa, para que contribuyan más a las haciendas locales aquellos que disponen de más recursos. Hay que recordar que, tras los efectos de la crisis económica, el IBI se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos municipales, por lo que cualquier modificación de este impuesto afecta enormemente a la suficiencia financiera de los municipios, tanto para bien, como para mal, aumentando o minorando la capacidad recaudatoria de nuestro ayuntamiento.

En Los Realejos, este año tocaremos el tipo mínimo aplicable de 0.40 con respecto al IBI. Nos encontramos en un escenario presupuestario complicado, pues si bien puede preverse un ligero aumento de la recaudación vía IBI, no podemos olvidar el aumento de impagos por parte de personas en situación de precariedad económica que no pueden hacer frente a este impuesto.

Dentro del trabajo institucional de este grupo mixto-IUC, ya hemos planteado en varias ocasiones la idoneidad y necesidad de estudiar la posibilidad de modificar el IBI, bonificando las viviendas en alquiler y aumentando la cuota a las viviendas vacías de la multipropiedad. Por otro lado, también hemos pedido instar al gobierno central a modificar la legislación y acuerdos con la Santa Sede para poder gravar este impuesto a las confesiones religiosas y acabar con los privilegios de éstas. Sin embargo, siempre nos hemos encontrado con los "impedimentos técnicos o legales" que el grupo de gobierno ha puesto sobre la mesa para no desarrollar estas medidas.

En IUC Los Realejos hemos seguido trabajando para intentar superar estas barreras legales o técnicas. Así, nos hemos fijado en la Ponencia realizada por el Comité de Expertos en materia fiscal creado por el Ayuntamiento de Málaga, y en el desarrollo normativo fiscal llevado a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla, ambos gobernados por el PP. En base a ello, y a las experiencias desarrolladas por IU en otros pequeños ayuntamientos andaluces, proponemos ahora dos medidas similares en la forma y idénticas en el fondo, pero con un análisis técnico previo y con una viabilidad y legalidad contrastada. Con estas medidas se conseguiría un aumento de los ingresos municipales por IBI, por un lado penalizando las miles de viviendas vacías que hay en nuestro municipio, y por otro lado evitando las consecuencias que para las arcas municipales tiene el mantenimiento de los  privilegios de exención del IBI que tienen las confesiones religiosas.

La primera propuesta, y la que más alcance tiene, es la de aplicar un recargo a los inmuebles desocupados, cuestión que posibilita y permite legalmente el párrafo tercero del art. 72.4 del T.R. de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que establece que: "tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto". Para la no aplicación de esta medida, no puede ponerse como excusa la falta de una definición legal de “inmueble desocupado” ya que, si bien sería interesante que se hiciese un registro estatal de viviendas, "es perfectamente posible exigir algún tipo de inscripción en el Ayuntamiento", como ha planteado el citado Comité de Expertos y se ha hecho en otros ayuntamientos. Eso si, en IUC Los Realejos somos absolutamente conscientes de que estas medidas deben ajustarse a la progresividad fiscal y la justicia social, por lo que planteamos que dicho aumento de la cuota solo se produzca cuando el sujeto pasivo tenga unas rentas superiores a 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional, posibilitando de esta manera que la mayor carga fiscal recaiga sobre las personas más pudientes y que más puedan aportar a la hacienda pública. 

La segunda propuesta esta destinada a evitar que recaiga sobre las arcas municipales el privilegio otorgado por el Gobierno Central a ciertas confesiones religiosa, y otros colectivos, eximiéndoles del pago de sus obligaciones fiscales. Según las conclusiones de la ponencia "El valor catastral y su incidencia sobre los tributos locales", “el principio constitucional de suficiencia financiera” debería impedir que “leyes estatales y autonómicas otorgasen exenciones de tributos municipales que no comportasen la correspondiente compensación económica”, es decir, que si el Gobierno Central quiere otorgar unilateralmente el privilegio de no pagar el IBI a alguna entidad, es el propio Gobierno el que debe asumir ese coste,  y no el Ayuntamiento. Este hecho está apoyado también en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que en su artículo 9 detalla que el Estado “quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación que procedan”, en los casos en que “otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de impuestos locales a cualquier entidad”.

Por otro lado, pero en esta misma línea de actuación, hay que tener en cuenta que el acuerdo firmado entre España y la Santa Sede en 1979 solo recogía la exención de impuestos de algunos de sus edificios (básicamente templos, escuelas, oficinas parroquiales y residencias de sacerdotes). Por ello, desde Izquierda Unida venimos reclamando desde hace años que los Ayuntamientos inspeccionen esta situación y empiecen a cobrar el IBI al inmenso patrimonio inmobiliario que la Iglesia Católica ha ido acumulando durante las últimas décadas, básicamente proveniente de herencias, y que no entran dentro de estos supuestos.

En definitiva, estas medidas no solo servirían para aumentar la recaudación municipal por el IBI desde una perspectiva de progresividad fiscal, cargando sobre todo a los conocidos como superpropietarios, sino que además contribuiría a materializar la función social de la vivienda. Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes:

 

            ACUERDOS:

 

1.- Iniciar los trámites necesarios para poder aplicar un recargo del 30% del IBI a los inmuebles desocupados del municipio, siempre que la renta media de los propietarios/sujeto pasivo no sea inferior a 2 veces el SMI.

2.- Iniciar los trámites para reclamar al Gobierno Central las fórmulas de compensación que procedan por la exención del pago del IBI a las confesiones religiosas y otros colectivos.

3.- Elaborar un estudio para comprobar si existen en nuestro municipio inmuebles de la Iglesia Católica no sujetos al convenio de 1979 y por tanto exentos de IBI, para proceder a modificar esta situación.

 

            En Los Realejos, a 21 de Octubre de 2.014.

 

                                                                                   FDO.: Jonás Hernández Hernández.

Concejal de IUC