AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria- Por Tenerife de este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea en Derecho, formula la siguiente MOCION para su debate y aprobación, si procede, en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo jueves 29 de Septiembre de 2011.

MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, con previsiones que auguran que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida, ya que la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente, la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, llegando a producirse embargo de nóminas, cuentas, etc. Es decir, además de perder la vivienda, estas personas se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
La legislación que permite este abuso además de anómala, no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. IUC considera inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias del estado, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social.
Considerando que este asunto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.
Teniendo en cuenta que esta moción ha sido aprobada en multitud de municipios de España, a propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o de diversas formaciones políticas, incluyéndose los municipios tinerfeños de Puerto de la Cruz, Buenavista del Norte, Granadilla de Abona, Arafo y El Rosario, así como en distintas capitales del estado como puede ser Barcelona.
Proponemos al Pleno adopte los siguientes
ACUERDOS:

1.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

2.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

3.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos y en los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

4.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.

En Los Realejos, a 29 de Agosto de 2011.